Foto de archivo de la aprobación por la Comisión de Trabajo e Igualdad de la Ley de Economía Social , el pasado diciembre
La Comisión de Economía y Hacienda del Congreso de los Diputados ha aprobado por unanimidad el informe sobre Economía Social elaborado por la subcomisión correspondiente, el cual recomienda, entre otras cuestiones, la creación de políticas públicas de fomento del sector.
Para la Confederación de Entidades para la Economía Social y Autónomos de Extremadura (CEPES Extremadura) se trata de un texto que viene a complementar la Ley de Economía Social, aprobada el pasado mes de marzo y a incidir aún más sobre cuáles los parámetros por los que se rige la Economía Social, la cual necesita, además, de su reconocimiento político.
Así lo recoge la introducción del informe presentado en el congreso, que destaca que “sí es necesaria la iniciativa de la política en la Economía Social”, y supone un “reconocimiento de que la Economía Social ofrece una manera de fortalecer el vínculo entre el Gobierno y la sociedad civil para promover una economía más equilibrada y socialmente sostenible”.
El informe, como explica el Observatorio de la Economía Social, se estructura en tres partes, una de Constataciones, la segunda de Directrices generales, y la tercera con una amplia serie de Recomendaciones (38).
En todo caso, la Subcomisión enuncia como principios que toda consideración de la Economía Social debe reconocer su importancia en términos cuantitativos, pero teniendo en cuenta que es en su importancia cualitativa, como ‘polo de utilidad social’, donde residen sus potencialidades más transformativas para la sociedad. Se debe tener una identificación conceptual sintética de la Economía Social como un agente socioeconómico, y se debe considerar que la Economía Social ocupa una posición estratégica para reconciliar economía y sociedad en nuestro tiempo.
El informe subraya que la creación y el mantenimiento del empleo de calidad en la economía social son fundamentales para cumplir con el principio de “primacía de la persona y el objetivo social sobre las aportaciones sociales”.
Entre las recomendaciones aprobadas también se incluye el promover la participación directa de las organizaciones del sector en los organismos creados por las distintas administraciones públicas, en los que ya están los restantes agentes socioeconómicos. Esta recomendación se basa en la constatación de que el sector es “un interlocutor social innovador y potente de la sociedad civil”, que contribuye a la vertebración de su tejido asociativo.
