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CEPES Extremadura felicita a las mujeres rurales por la aprobación del Proyecto de Ley de Titularidad Compartida

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Imagen de archivo de la constitución de la Red de Mujeres Rurales y Urbanas de Extremadura

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La Confederación de Entidades para la Economía Social y Autónomos de Extremadura (CEPES Extremadura) felicita a todas las mujeres rurales de la región por la aprobación en el Congreso de los Diputados de la Ley de Titularidad Compartida.

El Congreso de los Diputados aprobó ayer el proyecto de Ley de Titularidad Compartida de Explotaciones Agrarias con el respaldo unánime de los grupos parlamentarios. Según indicó la ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar, se trata de un proyecto que “favorecerá la independencia económica de la mujer en el mundo rural”, una opinión que comparte el presidente de CEPES Extremadura, José Alberto Hidalgo, quien considera que “se trata de un avance muy importante en el reconocimiento de la labor que desarrollan las mujeres en el campo, y que hasta ahora no estaba reconocido”.

Hasta ahora, la labor desempeñada por las mujeres en el campo se considera como una ayuda familiar y no un trabajo, de modo que aunque trabajen en las explotaciones agrarias no pueden gestionarlas administrativamente ni consolidan ningún derecho cuando no son las titulares de esas explotaciones. Por lo que, según indica Hidalgo, la aprobación de la Ley de Titularidad Compartida supondrá romper con esa práctica y dotará a las mujeres de “los derechos y la visibilidad que se merecen”.

SOCIEDADES LABORALES
Por otra parte, CEPES Extremadura muestra su “satisfacción” porque el Senado ha aprobado una enmienda al Proyecto de Ley sobre modernización del sistema de la Seguridad Social, por la que se mejora el tratamiento de los socios trabajadores de las sociedades laborales, cuando ocupan puestos de administración social, en cuanto a hacerles extensibles todos los beneficios de la Seguridad Social, incluidas la protección por desempleo y el Fondo de Garantía Salarial.

Esta medida se aplicará a las sociedades laborales no superiores a 25 socios y afectará a unas 14.000 empresas, el 97,6% de las sociedades laborales.

 
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